Incendios, inundaciones y la urgencia de un nuevo modelo democrático y comunitario para enfrentar las catástrofes ambientales.
Por M.ª Pilar Rueda Requena
Hoylunes – Asistimos impávidos a varias semanas en las que diversos incendios de gran intensidad, fuera de control, arrasan nuestro país, especialmente en el noreste. Sin embargo, esta película no es de estreno: se repite cada verano con mayor intensidad y frecuencia.
Desde hace años se informa sobre el cambio climático y la necesidad de prevenir y adaptar recursos, invirtiendo en políticas medioambientales para tales fines.
Las causas son varias: éxodo rural, despoblación, acumulación de madera y restos vegetales, zonas agrícolas abandonadas, y un modelo socioeconómico que no pone a las personas en el centro ni dirige su acción hacia el bien común. En este modelo capitalista, que sustenta las bases de la gestión política, con frecuencia prevalecen intereses ideológicos por encima de las necesidades sentidas de la ciudadanía; los beneficios económicos alimentan la competitividad y no fomentan la cooperación. De este modo, la ciudadanía, en ocasiones, se siente indefensa ante esa desconexión y la ausencia de protección.
Cuando se pierde todo, cuando alguien se queda con lo puesto, mientras la clase política tira balones fuera, se culpan unos a otros y discuten sobre competencias y responsabilidades, hiere la sensibilidad humana.
La economía del bien común —un modelo económico propuesto por Christian Felber en 2010— es la vía para incorporar resiliencia en los procesos y apoyar la transición de una crisis hacia una oportunidad de mejora y desarrollo de la vida. Para este modelo económico, hablar de naturaleza, bosques, pastizales, ríos… es hablar de bienes comunes.
En ese sentido, la economista, científica y política estadounidense Elinor Ostrom (1933-2012) ganó el Premio Nobel de Economía en 2009 por sus análisis sobre la gobernanza económica de los recursos comunes. Desarrolló una teoría empírica y metodológica sobre cómo las comunidades pueden gestionar de forma sostenible estos bienes, sin depender necesariamente de la intervención del Estado o de su privatización. Sus estudios mostraron, en distintos países, que las comunidades locales pueden diseñar alternativas de gestión eficaces, mediante reglas y normas implementadas entre la propia comunidad, que se fundamentan en valores como la confianza, la generosidad, la solidaridad, el respeto y la aceptación, entre otros.
En situaciones dramáticas y graves es cuando puede aflorar lo mejor del ser humano. Ya lo hemos visto con la DANA: miles de personas de toda la geografía española acudieron a prestar ayuda sin que nadie les pidiera colaborar. “Solo el pueblo salva al pueblo” ha sido un lema repetido en múltiples ocasiones y, lamentablemente, también aplicable a las personas afectadas por desalojos y pérdidas materiales y humanas en los incendios.
Este fenómeno se ve reflejado en la realidad de las zonas afectadas por inundaciones: lo comprobamos con los grupos de trabajo de los CLERS (Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción), en los que las comunidades ya se movilizan para proteger sus municipios con herramientas propias, conocimientos, bagaje profesional colaborando solidariamente, aportando ideas y algunas soluciones, pero que carecen muchas veces del propio apoyo de la Administración más cercana, la local. Los CLERS surgen para coordinar la respuesta ante emergencias, mejorar la atención a las personas afectadas y planificar futuras acciones de prevención y recuperación ante eventos meteorológicos extremos. La dinamización ciudadana hace que estos Comités locales sirvan para actuar coordinadamente con la Administración local y otras entidades, contribuyendo a que la planificación, sea eficiente ante situaciones de emergencia.
Lo hemos podido comprobar en los incendios de Galicia como en algunos municipios en los que instintivamente se han unido y organizado los vecinos, han sido capaces con sus medios de crear cortafuegos y desbrozar alrededores, impidiendo que el fuego arrasara sus casas y sus vidas.
Una vez más, constatamos que las acciones de las administraciones y gobiernos de distinto ámbito competencial, en muchas ocasiones, son escasas y llegan muy tarde.
Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el modelo de democracia representativa que tenemos. Cada vez son más las personas que expresan un sentimiento de disociación con la clase política, la cual, por otra parte, permanecen sus fieles de un color u otro que siguen viendo la realidad desde sus propios parámetros.
En este tipo de democracia, la participación ciudadana se limita a elegir cada cuatro años a quienes se supone van a aplicar su programa electoral, otorgándoles un voto de confianza que, en muchas ocasiones, puede ser defraudado. Por otra parte, la ciudadanía consciente, que desea implicarse un poco más, necesita avanzar hacia un cambio de paradigma cooperando con la Administración pública en la toma de decisiones. De esta forma, “todos ganan” en la gestión y en el diseño de políticas. Se trata de la democracia participativa, cuyo foco es el bien común y que representa la mejor vía de control de la dirección de la acción pública.
Por ello, es necesario poner en práctica, de forma gradual, una gobernanza democrática y aplicar metodologías como la sociocracía, que incorpore a todos los agentes y grupos de interés que interactúan directa o indirectamente con el medio ambiente, escuchar su opinión y sentir sus necesidades para una gestión más adecuada de los recursos naturales, materiales y económicos. Asimismo, debe ser prioritario encauzar el fomento de la prevención mediante políticas ecológicas, energías alternativas y tecnologías sostenibles que capaciten a las comunidades para su propia autogestión. Los planes por realizar deben fortalecer los vínculos entre zonas urbanas y rurales y fomentar valores de resiliencia ante las catástrofes.
Como conclusión, se podría decir que la vida está en constante cambio, que hay que adaptarse y aprender a menudo de los errores y de los acontecimientos, para mejorar las soluciones no solo con voluntad política (siempre que la haya…) sino además con un compromiso cívico sostenido. El marco institucional ha de ser una puerta abierta a la deliberación, el compromiso social y la participación ciudadana.
Solo de esta forma se podrá avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y resiliente en la que el foco ilumine el horizonte del bien común y la convivencia democrática genere lazos de cooperación fuertes, ante los desastres y catástrofes ambientales.
#hoylunes, #m.ª pilar_rueda_requena,
