El modelo español contra el despilfarro alimentario aspira a transformar hábitos, reforzar la sostenibilidad y situar al país en el mapa europeo de la gestión responsable de alimentos.
HoyLunes – A veces, las grandes transformaciones empiezan por gestos silenciosos: una nevera mejor organizada, un plato que aprovecha lo que quedaba del día anterior o la mirada rápida que lanzamos antes de tirar un alimento que tal vez aún podría salvarse. España ha decidido que esa silenciosa revolución merece algo más que campañas puntuales; merece una ley, una estrategia y un cambio profundo en nuestra relación con los alimentos.
Hoy, el país presenta un modelo que pretende convertir un problema cotidiano —el desperdicio alimentario— en una oportunidad colectiva para avanzar hacia una economía más justa, consciente y sostenible.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el modelo español de alimentación sostenible como una prioridad estratégica para el Gobierno. En el centro de ese modelo se encuentra la Ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, aprobada en abril, una norma concebida para reforzar la conciencia social sobre el valor de cada alimento que llega a la mesa.
Planas presentó esta visión durante un panel ministerial de alto nivel celebrado en Estambul, dedicado a la lucha contra el desperdicio de alimentos y agua y organizado por Turquía y la Fundación Cero Desperdicio. Allí, junto a representantes de quince países, España subrayó que su sistema alimentario destaca no solo por la calidad y seguridad de los productos, sino también por su capacidad para adaptarse a los desafíos del siglo XXI.
El ministro situó la Estrategia Nacional de Alimentación como el nuevo marco integral que orientará las políticas agroalimentarias y pesqueras hacia un modelo más competitivo, saludable y sostenible. En él, la reducción del desperdicio alimentario ocupa un lugar central. En 2024, el país desperdició 1.125 millones de kilos de alimentos —un 4.4 % menos que el año anterior y casi un 20 % menos que en 2020—, una tendencia que el Gobierno quiere acelerar.
Planas insistió en que tirar alimentos es insostenible desde cualquier perspectiva: ambiental, económica y ética. “No hay alimento más caro que el que termina en la basura”, recordó. Asimismo, defendió que ningún país puede afrontar por sí solo los retos alimentarios actuales y que España desea compartir su experiencia con la comunidad internacional.
El ministro resaltó también el papel de iniciativas ciudadanas como “Aquí no se tira nada”, dirigidas a convertir hogares y establecimientos hosteleros en agentes activos del cambio y a promover hábitos de consumo más conscientes.
La ley española aterriza en un momento clave. Durante años, las políticas de alimentación sostenible se han apoyado en campañas de sensibilización, pero no en un marco legal sólido. Esta norma intenta cubrir ese vacío: fija obligaciones, introduce controles y —sobre todo— modifica la cultura del desperdicio.
Comparada con decisiones anteriores del Ministerio, supone un salto cualitativo. España llevaba años reduciendo progresivamente el desperdicio, pero lo hacía sin un diseño estratégico conjunto. Ahora, el país apuesta por un enfoque que integra toda la cadena alimentaria.
A nivel europeo, España se coloca en una posición intermedia-alta: no es el primer país en legislar sobre desperdicio alimentario, pero su enfoque integral se acerca a modelos de referencia como Francia o Italia, donde la colaboración entre supermercados, bancos de alimentos y hogares ha mostrado resultados sólidos.
Una lectura política moderada muestra que el Gobierno busca proyectar una imagen de modernidad y responsabilidad internacional. Presentar la ley en Estambul, en un foro multilateral, refuerza ese objetivo sin necesidad de gestos grandilocuentes.
La ley abre varias puertas relevantes:
Una cultura alimentaria más consciente, que podría mejorar tanto el consumo como la salud pública.
Una oportunidad económica, especialmente para sectores como la hostelería, que están aprendiendo a trabajar con eficiencia sin perder creatividad.
Una plataforma de cooperación europea, donde España puede aprender de experiencias consolidadas y, a la vez, exportar soluciones propias.
Un marco para la innovación, impulsando tecnologías de trazabilidad, logística inteligente y gestión ética de excedentes.
Más allá del desperdicio, España se coloca en un punto de partida para reformular su modelo alimentario a largo plazo, conectando sostenibilidad, economía circular y responsabilidad social.
España presenta una ley que no pretende imponer, sino acompañar: ordenar, inspirar y actualizar la forma en que tratamos los alimentos. El enfoque no rehúye las dificultades, pero tampoco exagera las virtudes. Propone una vía realista para un país que busca avanzar con paso firme.
El éxito dependerá del compromiso de todos: hogares, comercios, productores y administraciones. Si esa alianza se consolida, esta ley podría convertirse en el primer capítulo de un cambio cultural que dé más valor a lo que comemos… y al camino que recorren los alimentos antes de llegar a nuestras manos.
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