Con 200€ mensuales por hijo o hija, la propuesta defendida por Sira Rego aspira a reducir más de 7 puntos la tasa de pobreza infantil, consolidando un modelo de protección social que entiende la crianza como responsabilidad colectiva y sitúa a España como referente de equidad en Europa.
Por Ehab Soltan
HoyLunes – En un país donde las cifras de pobreza infantil se han convertido en un desafío que atraviesa generaciones, la propuesta de incorporar una Prestación Universal por Crianza en los próximos Presupuestos Generales del Estado emerge como una decisión determinante. Durante un acto organizado por Unicef España con motivo del Día Internacional de la Infancia, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió esta medida de 200 euros mensuales por hijo o hija como la herramienta “más eficaz” para combatir unas cifras que calificó de “insoportables”. Sus palabras no apelaron al dramatismo, sino a un concepto más profundo: la responsabilidad colectiva.
Rego subrayó que la pobreza infantil en España no es una emergencia coyuntural, sino un fenómeno estructural, producto de políticas que “durante demasiado tiempo han ofrecido respuestas insuficientes”. Esta afirmación sitúa la propuesta dentro de una narrativa más amplia: la necesidad de pasar de la respuesta puntual a la acción de Estado. Y en este contexto, la Prestación Universal por Crianza no se plantea solo como un alivio económico, sino como un cambio cultural y político de largo recorrido.
El informe presentado por Unicef España ofrece un dato que ha marcado el tono del debate: esta prestación reduciría más de 7 puntos la tasa de pobreza infantil, convirtiéndose en la medida con mayor impacto dentro del conjunto de intervenciones posibles. En otras palabras, es la política que más transforma la vida de los menores en riesgo en menos tiempo, y la que mejor se alinea con estándares europeos de protección social. La ministra recordó que “el bienestar de una niña es una responsabilidad pública, no un desafío que cada familia deba resolver como pueda”. Esa frase resume el sentido profundo de la propuesta: situar la crianza en el centro del proyecto de país.
Pero más allá de la dimensión moral, el planteamiento responde también a un análisis estructural. Garantizar un ingreso mensual estable a los hogares con menores evita que situaciones de vulnerabilidad económica se conviertan en pobreza crónica. Permite planificar, reduce la incertidumbre y fortalece la base emocional y material sobre la que se construyen proyectos de futuro. Y funciona con un principio administrativo simple: la universalidad evita brechas de acceso, reduce burocracia y genera un sistema más claro y equitativo.
La medida, defendida con claridad por el Ministerio de Juventud e Infancia, también busca enviar un mensaje a los grupos parlamentarios que trabajan en el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. Como señaló Rego, se trata de una cuestión que exige corresponsabilidad política: “Acabar con la pobreza que afecta a las infancias es una cuestión de Estado”. Su llamada no es solo institucional, sino estratégica; un recordatorio de que las políticas de infancia no pertenecen a una legislatura, sino a la arquitectura social del país.
En términos de futuro, la prestación plantea varios desafíos que marcarán su capacidad de transformación. La sostenibilidad presupuestaria será clave para garantizar su permanencia y evitar que dependa de ciclos políticos. Su articulación con otras políticas —educación, vivienda, salud, empleo— determinará que su impacto sea profundo y no aislado. La evaluación periódica de resultados permitirá ajustar el modelo, adaptarlo a nuevas realidades y reforzar la confianza ciudadana. Y, sobre todo, será fundamental comunicar a la sociedad el valor colectivo de esta inversión: no se trata solo de ayudar a quienes lo necesitan, sino de fortalecer el tejido social de todo el país.
España, que arrastra tasas de pobreza infantil superiores a la media europea, tiene en esta medida una oportunidad de liderazgo. La Prestación Universal por Crianza representa algo más que una cifra mensual: es una declaración de principios sobre qué país queremos construir y qué lugar ocupan sus niños y niñas en ese horizonte. Al transformar la crianza en una responsabilidad compartida, la propuesta invita a imaginar un futuro donde las oportunidades no dependan del origen, y donde la infancia deje de ser un territorio de vulnerabilidad para convertirse en una promesa de desarrollo justo y sostenible.
En un momento histórico en el que las desigualdades se amplifican con rapidez, la decisión del Gobierno aparece como una apuesta audaz y necesaria. Si logra consolidarse, esta prestación podrá redefinir el mapa de la igualdad en España y convertirse en uno de los pilares sociales más importantes de la próxima década. Porque la pobreza infantil no solo mide el presente: mide también las posibilidades del mañana. Y apostar por la infancia es, siempre, apostar por el futuro del país.
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