El Gobierno aprueba la Ley por el Derecho a la Vivienda

La norma refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria. El Ejecutivo también ha dotado de carácter educativo al primer ciclo de 0 a 3 años.

Madrid – El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Tanto la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han resaltado que la futura ley consolida el «quinto pilar del Estado del Bienestar».

Raquel Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley «rigurosa, sólida, compacta y transversal» que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que «han visto limitada su capacidad de poder emanciparse».

A juicio de la ministra, la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: «Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación». Sánchez ha mantenido que «la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación», protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.

Orden en el sector de la vivienda

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esta primera ley de vivienda de la democracia permite comenzar a ordenar el sector inmobiliario y dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos.

Belarra ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020. Esta situación, ha señalado, ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios mientras que ha comprometido la economía de una gran mayoría de las familias, que tienen que destinar buena parte de sus ingresos al alquiler o a las hipotecas.

«Por eso era hora de reequilibrar esa balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda», ha afirmado.

La ley no invade competencias autonómicas
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha expresado el «respeto absoluto» del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que ha hecho algunas consideraciones.

El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.

Además, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.

Responsabilidad de los partidos políticos
Ambas ministras han apelado a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que se apruebe esta iniciativa legal, que no va en contra de nadie y favorece al interés general. Además, las dos han agradecido el trabajo realizado por el conjunto de los ministerios que han participado en la elaboración de la norma.

Raquel Sánchez ha insistido en que es una ley histórica como las leyes de matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o la dependencia.

Ione Belarra ha reconocido «el trabajo generoso, el empuje y compromiso» del movimiento social por la vivienda digna en defensa de un derecho de todos, como es el derecho constitucional a la vivienda.

Principales aspectos de la ley

Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente «para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado». Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, ha puesto como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.

La ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Raquel Sánchez ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.

Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.

Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera «poco ético» que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.

Carácter educativo y gratuidad del ciclo de 0 a 3 años

El Ejecutivo ha establecido la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, que serán de aplicación a partir del curso 2022-2023. Se trata del primer decreto de desarrollo de enseñanzas de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE); está previsto que en las próximas semanas se aprueben los correspondientes a Primaria, ESO y Bachillerato.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que por primera vez, toda la Educación Infantil tiene carácter educativo y no solo carácter asistencial o de cuidados, incluido el primer ciclo (0-3 años). La finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo físico, afectivo y social de los niños y las niñas, a su desarrollo cognitivo y artístico y a la educación en convivencia.

El texto establece la gratuidad del segundo ciclo y su progresiva extensión al primero, priorizando el acceso del alumnado en situación de pobreza y exclusión social. Rodríguez ha señalado que responde a la «voluntad del Gobierno de avanzar en la democratización y en la igualdad de acceso a estas plazas».

La portavoz ha subrayado que el Ejecutivo ha hecho un primer esfuerzo destinando una inversión total de más de 670 millones de euros para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas para escolarizar a niños de 0 a 3 años, como «mecanismo de cohesión social y de garantía de la igualdad desde el nacimiento».

Las comunidades autónomas establecerán el currículo de la Educación Infantil, del que formarán parte estas enseñanzas mínimas, aunque siempre será el profesorado quien las adapte a los niños y niñas que conformen su grupo.

Desconcentración de sedes estatales

La ministra de Política Territorial ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará próximamente un Real Decreto relativo a la desconcentración de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal de nueva creación, una medida que está incluida en la Estrategia para el Reto Demográfico.

Rodríguez ha explicado que, mientras España ha avanzado en descentralización política con la consolidación de las autonomías, el Estado ha dejado concentrada buena parte de sus estructuras administrativas: «Es esto lo que tratamos de revertir y por ello entendemos a la Administración General del Estado como un agente protagonista para la vertebración del territorio y la revitalización de áreas despobladas o en declive demográfico».

La ministra ha repasado algunos ejemplos de desconcentración ya realizados, como el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la Dirección General de Tráfico ubicado en León, el Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras en Burgos y el Centro de Competencias Digitales de Renfe en Miranda de Ebro.

El futuro Real Decreto regulará el procedimiento para la determinación de las nuevas sedes, que será abierto, transparente y competitivo. Cualquier comunidad o ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento podrá postular una localidad y se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región. También se tendrá en cuenta el papel de los trabajadores públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en esa localidad.

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