La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y la Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) elaboran un informe técnico-jurídico que presentarán a los diferentes grupos políticos y sociales para “proteger el agua y la vida”.
El documento considera fundamental recuperar la autonomía local sobre la gestión de los servicios públicos como el agua, y para ello propone modificar, entre otros, la Ley de Bases del Régimen Local y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
Sevilla – Las principal asociación española de operadores públicos de servicio del agua, AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), conjuntamente con la AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública), han presentado un informe que recoge las principales modificaciones legislativas que deberían impulsarse para fortalecer la gestión directa de los servicios públicos de agua.
El documento sienta las bases de las reformas para fortalecer la autonomía local. AEOPAS y AMAP recuerdan que, de acuerdo a la Ley, el suministro de agua es un servicio público de competencia exclusiva municipal, y son sus gobiernos locales los que deben elegir su forma de gestión. Sin embargo, dicha autonomía se ha visto socavada desde 2013 por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). A partir de la LRSAL, la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), que regula las competencias municipales, fue modificada para que la libertad de elección de la forma de gestión quedase supeditada a aquella modalidad “más sostenible y eficiente”, un eufemismo para referirse a la forma de gestión más barata. Además, la nueva redacción de la norma dificulta la prestación directa de determinados servicios para favorecer expresamente su externalización, sin preocuparse por la pérdida de calidad ni eficacia del servicio.
Junto a la LBRL, otros textos como el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales o la Ley de Contratos del Sector Público, contienen artículos que dificultan que los municipios y entes locales puedan ejercer su soberanía local. Éste es uno de los motivos que la marcada litigiosidad en los procesos de recuperación de la gestión directa de los servicios públicos, ya que las gestoras privadas del agua utilizan este marco legal para combatir e intimidar legalmente a los ayuntamientos que intentan ejercer sus competencias de manera directa. Sólo en Cataluña cerca de 40 ayuntamientos tienen conflictos judiciales con las empresas concesionarias.
Según el documento que firman las dos asociaciones, “la adopción de la gestión directa debe volver a ser un ejercicio de libertad de elección municipal basado en los valores del gobierno local, buena administración, responsabilidad, eficiencia, condiciones técnicas, condiciones de calidad y condiciones económicas para la gestión del servicio de suministro de agua potable, que debe acreditarse no sólo, ni únicamente, desde el cumplimiento de las normas económicas basadas en la estabilidad presupuestaria”.
Luis Babiano, gerente de AEOPAS, denuncia que “cuando se privatiza el servicio de aguas, los vecinos y vecinas pasan, de ser ciudadanos, a ser simples clientes, bajo la lógica del mercado y no del interés general”. Y ha recordado que durante la crisis pandémica de la Covid, los ayuntamientos que han gestionado directamente el servicio de agua lo han hecho sin cortes por impago, y reservando fondos en apoyo de familias vulnerables y pymes, comprometiéndose sin reservas con la emergencia social. Por ello reclama “flexibilizar de forma inmediata, y luego reformar en profundidad, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local incluyendo los Presupuestos Generales del Estado”, para proteger e impulsar la gestión pública de estos servicios que, a su juicio, son clave para la salud pública y la cohesión social.
Representantes de las dos asociaciones iniciarán una campaña los próximos meses para elevar el documento al Congreso y a los principales grupos parlamentarios, a la vez que buscar apoyos en entidades sociales y de defensa de los servicios públicos y el medio ambiente.
