Cuando una idea escrita en otro idioma nos interpela:
Un análisis que relaciona el diagnóstico internacional con las medidas y planes del Gobierno de España y la Generalitat Valenciana para mitigar, reconstruir y hacer más resilientes nuestros territorios.
«Foreign Policy» analiza las crecidas e inundaciones en Europa —con mención específica a episodios en España— y plantea que, pese a la gravedad de los daños, la cooperación institucional y políticas públicas adecuadas permiten respuestas eficaces. El artículo subraya tanto las debilidades como las oportunidades de aprendizaje para el continente.
Por Ehab Soltan
HoyLunes – El diagnóstico internacional es valioso porque sitúa los hechos en perspectiva: las inundaciones que sufrieron amplias áreas de la península en otoño de 2024 fueron, además de tragedias humanas, una llamada de atención global sobre la gestión del riesgo hidrológico. Pero afirmar que Europa —o España— es “indefensa” sería injusto: la reacción institucional, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, ha mostrado mecanismos de respuesta, asignación de recursos y un esfuerzo sostenido por transformar crisis en políticas de resiliencia.
A continuación desgranamos los principales elementos de la respuesta española y valenciana que merecen conocerse y valorarse:
Medidas de emergencia, coordinación y protección civil
Desde el primer momento las administraciones activaron protocolos de protección civil y emergencia, con movilización de recursos, equipos de rescate y coordinación interinstitucional. A nivel estatal se declararon zonas afectadas y se movilizaron medidas de apoyo extraordinarias a las comunidades más dañadas. Estas decisiones no solo ofrecen soporte inmediato a las personas afectadas sino que crean el marco jurídico para ayudas directas y acciones de reconstrucción.
Planes de reconstrucción y asignación de fondos
El Gobierno de España aprobó paquetes de medidas y planes de recuperación para “rehacer y transformar” las zonas afectadas, con líneas de financiación específicas para pymes, infraestructuras y proyectos de adaptación frente al cambio climático. Entre las iniciativas figura el «Plan de recuperación y mejora de la resiliencia frente a inundaciones», que contempla ayudas directas para adaptar edificios y zonas vulnerables, así como programas de inversión que pueden ascender a decenas de millones de euros. Estas herramientas son clave para transformar un episodio puntual en un proceso de modernización territorial.
Legislación de apoyo y marco normativo
El Estado ha reforzado el andamiaje legal para afrontar catástrofes por riesgos naturales: destacable es el Real Decreto-ley 12/2025 que incorpora medidas de prevención y respuesta a eventos extremos (inundaciones, incendios, temporales), un paso relevante para dotar de rapidez administrativa a la inversión en infraestructuras de protección. Esta normativa proporciona la agilidad necesaria para ejecutar obras y subvenciones con mayor celeridad.
Actuaciones autonómicas: la respuesta valenciana
La Generalitat Valenciana desplegó medidas urgentes para paliar daños en octubre y noviembre de 2024, adoptando acuerdos de asistencia, medidas fiscales y programas de ayuda para municipios y familias afectadas. Además, la Comunidad ha trabajado para activar planes territoriales, reforzar los servicios de emergencia y coordinar actuaciones con el Estado y con el sector privado para agilizar la recuperación. Estas actuaciones han sido piezas fundamentales para mitigar el impacto social y económico local.
Inversión en resiliencia: una apuesta pública y aplicada
La magnitud de las pérdidas y la evidencia del riesgo han propiciado la activación de programas de inversión más ambiciosos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha promovido líneas de ayudas por valor significativo —por ejemplo, dotaciones dirigidas a la adaptación de viviendas y obras de prevención—, y ha abierto convocatorias que permiten a municipios y comunidades solicitar financiación para proyectos de mitigación. Estas medidas combinan la reconstrucción con la prevención, arquitectura de protección que reduce la vulnerabilidad futura.
Participación pública y trabajo multisectorial
La respuesta no ha sido únicamente administrativa: se ha puesto en marcha una red de cooperación entre universidades, colegios de ingenieros, cámaras de comercio y asociaciones empresariales para evaluar daños, planificar la recuperación y diseñar propuestas de futuro. Documentos de diagnóstico y propuestas de la patronal y colegios técnicos han servido como material de consulta para las autoridades, ayudando a orientar inversiones y priorizar intervenciones donde más se necesitan. Ese diálogo entre administración y territorio es la base para una recuperación sostenible y creíble.
Comunicación, transparencia y mejora continua
Aunque toda gestión de crisis tiene retos informativos, las administraciones han ido incorporando canales de comunicación oficiales, sistemas de alerta (como 112 y avisos municipales) y guías para la ciudadanía afectada. Igualmente, las medidas de apoyo fiscal, aplazamiento de pagos y ayudas a autónomos han sido publicadas y actualizadas para facilitar el acceso a los damnificados. La existencia de estas herramientas forma parte de un aprendizaje institucional que busca minimizar el impacto social de futuras catástrofes.
Impacto y retos pendientes
Las cifras demuestran la necesidad de actuar con ambición: estudios periodísticos de seguimiento han recogido el terrible coste humano y material —en 2024 muchas víctimas y pérdidas concentradas en la zona valenciana que, según análisis, representaron un porcentaje significativo de las muertes por crecidas en Europa ese año—. Estos datos subrayan la urgencia de invertir en infraestructuras hidráulicas, mejorar la planificación territorial y dotar de recursos a la gestión del agua. España necesita, según estudios sectoriales, inversiones masivas en agua y adaptación climática para reducir vulnerabilidades en los próximos años.
No obstante, la reacción gubernamental ofrece un marco de esperanza: el diseño de planes específicos, la asignación de fondos y la colaboración regional-estatal demuestran que la respuesta pública ha sabido conjugar «rescate, alivio y política pública transformadora». El desafío ahora es acelerar la ejecución de proyectos y mantener la coordinación entre administraciones, evitando duplicidades y priorizando soluciones científicamente fundadas.
La pregunta esencial es clara: ¿será capaz España —y en particular sus comunidades más expuestas— de transformar la experiencia de la DANA y otras crecidas en un programa sostenido de prevención, inversión y cohesión territorial? La dirección es conocida (más inversión en infraestructuras hídricas, planificación urbana adaptativa, protocolos de protección civil y fondos para adaptación), pero se requiere acelerar la ejecución y mantener el consenso técnico-político para que la respuesta sea duradera. El reconocimiento y la ayuda internacional no sustituyen el trabajo local; lo potencian. Y ahí radica la verdadera oportunidad.
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