El Ministerio de Juventud e Infancia impulsa un Real Decreto para transformar el sistema de protección, priorizando el apoyo público estable frente a la burocracia y exigiendo a las autonomías una gestión eficiente de los recursos para la acogida.
HoyLunes – El hogar no es solo un espacio físico; es la estructura emocional donde se construye la identidad. En España, miles de menores crecen bajo la tutela del Estado, a menudo en centros residenciales que, pese a los esfuerzos profesionales, difícilmente sustituyen el calor de un núcleo familiar. La transición hacia un modelo donde el acogimiento familiar sea la norma y no la excepción, se ha convertido en el eje central de la política de infancia actual, marcando un cambio de paradigma que busca anteponer el bienestar psicológico y la estabilidad afectiva a la gestión administrativa.
Compromiso con la estabilidad y garantías efectivas
La Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el compromiso del Gobierno con el acogimiento familiar durante un acto organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Rego ha asegurado que «el acogimiento familiar en España se sostiene, en gran medida, gracias a un compromiso social enorme, pero no puede depender únicamente de él».
En este contexto, la ministra señaló que su departamento trabaja «para ofrecer estabilidad, apoyos claros, criterios comunes y garantías efectivas tanto para los niños, niñas y adolescentes como las familias acogedoras». Como medida concreta, Rego ha recordado su intención de llevar al Consejo de Ministros, a comienzos del próximo año, el Real Decreto de estándares de los sistemas de acogida. Este decreto busca avanzar en la «estrategia de desinstitucionalización del sistema y prioriza el acogimiento familiar».
Según la titular de Juventud e Infancia, la normativa contempla limitar las estancias en primera acogida, reforzar el derecho a la escucha de los menores y el impulso del acompañamiento en la transición a la vida adulta. Además, enfatizó que «el acogimiento familiar necesita apoyos públicos estables», pues «cuidar no puede convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos ni en una prueba de resistencia personal». Finalmente, instó a las comunidades autónomas a asumir su responsabilidad, señalando que «tienen recursos para priorizar el acogimiento familiar» y criticando que, en algunos casos, se desvíen fondos públicos de los servicios esenciales.
Desafíos de un sistema en transición
La decisión de legislar mediante un Real Decreto de estándares responde a una necesidad histórica de homogeneidad. Hasta ahora, el acogimiento familiar en España ha mostrado disparidades significativas entre territorios, tanto en las ayudas económicas como en el acompañamiento técnico. La «desinstitucionalización» no es solo un concepto técnico; es una recomendación insistente de organismos como la ONU y la Red Europea de Servicios Sociales, que sostienen que el internamiento residencial prolongado puede afectar el desarrollo del menor.
El discurso ministerial revela un punto crítico: la sostenibilidad. Al afirmar que la acogida no puede depender solo del altruismo social, se reconoce implícitamente que el sistema actual ha descansado en exceso sobre la voluntad de las familias. La eliminación de «obstáculos burocráticos» es una demanda latente de las asociaciones, que a menudo se enfrentan a procesos de idoneidad y seguimiento que, aunque necesarios por seguridad, resultan agotadores.
Desde la perspectiva de archivo, cabe recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya contemplaba fondos para este fin. No obstante, el conflicto competencial asoma cuando se apela a la gestión de las comunidades autónomas. La eficacia de este nuevo decreto dependerá de la capacidad de cooperación entre el Ministerio y las autonomías, encargadas directas de la tutela y los servicios sociales.
Lograr que cada niño crezca en un entorno familiar es una ambición que define la calidad ética de una sociedad. La apuesta por la desinstitucionalización es un paso valiente hacia un sistema más humano, pero su éxito real no se medirá solo por la aprobación de decretos, sino por la capacidad del Estado para garantizar que ninguna familia se sienta sola en la tarea de cuidar. La estabilidad del menor es, en última instancia, el resultado de una red pública sólida que entienda que la protección no termina en la tutela, sino en el fomento de vínculos duraderos.
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