El Gobierno da un paso decisivo hacia un modelo educativo más humano y sostenible. Reducir las ratios en las aulas y regular las horas lectivas no es solo una reforma técnica, sino una inversión de país: cuidar a quienes enseñan es cuidar el futuro colectivo.
Por Ehab Soltan
HoyLunes – En una decisión que marca un punto de inflexión en la política educativa española, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que reduce el número máximo de alumnos por aula y regula, de manera homogénea, la jornada lectiva del profesorado no universitario. La medida, anunciada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, «Pilar Alegría«, representa mucho más que una actualización normativa: es una declaración de principios sobre el futuro que España quiere construir.
Porque en el corazón de esta decisión late una convicción firme: «un país no puede avanzar si no respeta el tiempo, la dignidad y la vocación de sus docentes«. El nuevo marco establece un máximo de «22 alumnos por aula en Primaria» y «25 en Secundaria«, además de fijar «23 horas lectivas semanales» para los maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial, y «18 horas» para el resto de enseñanzas.
Se trata de una medida largamente esperada por la comunidad educativa, que busca «reducir la sobrecarga docente y mejorar la atención al alumnado». La ministra lo expresó con claridad: “si queremos cuidar a los que nos enseñan, debemos estar a su lado”. Una frase que condensa el espíritu de este anteproyecto: devolver el equilibrio a un sistema que durante años ha demandado más recursos humanos y más tiempo para educar con calidad.
Pero la reforma no se limita a las aulas. Supone también «una rectificación histórica de los recortes de 2012», y una apuesta por la educación como prioridad nacional. En ese sentido, la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para reforzar los pilares sociales —educación, sanidad, cohesión territorial— con una visión de largo plazo.
El diálogo con las comunidades autónomas y los sindicatos será esencial para concretar la aplicación de esta norma a partir del curso 2026-2027. Sin embargo, el tono del Gobierno es de confianza: todo apunta a un consenso generalizado.
Y en el mismo Consejo de Ministros, otro gesto reforzó la voluntad de equilibrio territorial. Se aprobó una «dotación de 36,5 millones de euros para el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)», como parte del compromiso conjunto con el desarrollo de Aragón. Este paso confirma una dirección clara: una política que combina el «fortalecimiento educativo» con la «cohesión territorial y social«.
El Gobierno cerró la sesión con un reconocimiento simbólico, pero cargado de significado: la «Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil«, a título póstumo, a «Carlota Bustelo«, una de las pioneras en la conquista de la igualdad y la libertad en la España democrática. Un gesto que enlaza pasado y presente: la educación y la igualdad como ejes de una misma construcción nacional.
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