El pacto BBNJ marca un hito diplomático, pero deja abiertas preguntas incómodas sobre gobernanza, control real y responsabilidad política.
HoyLunes – Mañana entra en vigor un acuerdo internacional largamente esperado: el tratado para la conservación de la biodiversidad marina en alta mar, conocido como Acuerdo BBNJ. Tras más de una década de negociaciones, la comunidad internacional se dota por fin de un marco legal para proteger los océanos más allá de las jurisdicciones nacionales. El gesto es relevante. La pregunta es otra: ¿qué cambia realmente a partir de ahora?
El acuerdo nace con una ambición clara: proteger los ecosistemas marinos frente a tres amenazas que ya no admiten discusión —cambio climático, contaminación y pérdida acelerada de biodiversidad—. También introduce herramientas que durante años parecían políticamente inalcanzables, como la posibilidad de crear grandes áreas marinas protegidas en alta mar o exigir evaluaciones de impacto ambiental a actividades económicas en aguas internacionales.
Sobre el papel, el avance es indiscutible. En la práctica, el acuerdo abre una fase más compleja: la de las decisiones incómodas.
De la firma al conflicto: el verdadero campo de batalla
Uno de los elementos más citados del tratado es su alineación con el objetivo internacional de proteger el 30 % de los océanos antes de 2030. La cifra es clara, pero el camino no lo es. Declarar zonas protegidas en alta mar implica «redefinir intereses económicos consolidados», desde la pesca industrial hasta la exploración de recursos genéticos marinos con potencial farmacéutico o biotecnológico.
El acuerdo introduce evaluaciones de impacto ambiental como requisito previo. Es un avance técnico, pero no neutral. Estas evaluaciones no solo medirán daños ecológicos, sino que se convertirán en «espacios de disputa política, científica y económica», especialmente cuando entren en juego actores con capacidades desiguales para influir en los procesos regulatorios.
Aquí es donde los tratados suelen perder fuerza: no en la redacción, sino en la implementación.
Equidad: una promesa difícil de cumplir
El texto pone un énfasis explícito en la equidad, con mecanismos de apoyo a países en desarrollo mediante transferencia de tecnología marina y desarrollo de capacidades. La intención es clara: evitar que la protección de los océanos se convierta en un lujo regulatorio solo asumible por los países más ricos.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que «la brecha no es solo financiera», sino institucional. Acceder a tecnología, interpretar datos científicos complejos y participar en órganos multilaterales exige estructuras administrativas sólidas que muchos países aún no tienen. El riesgo es conocido: que la equidad figure en el acuerdo, pero no en su ejecución cotidiana.
Europa como actor normativo (y sus límites)
La Unión Europea ha desempeñado un papel central en la negociación del acuerdo, liderando la llamada Coalición de Gran Ambición. Este liderazgo refuerza su perfil como potencia normativa en materia ambiental. Pero también la expone a una prueba interna: aplicar fuera lo que a menudo cuesta aplicar dentro.
Para Estados miembros con amplios intereses marítimos, como España, el acuerdo no es una abstracción diplomática. Afecta a su flota, a su industria pesquera, a su investigación científica y a su posición en la gobernanza oceánica global. La cuestión no es si el acuerdo es necesario —lo es—, sino «cómo se traducirá en decisiones nacionales concretas», presupuestos, controles y renuncias.
El acuerdo no protege los océanos. Las decisiones sí.
La entrada en vigor del Acuerdo BBNJ es un hito jurídico y político. Pero conviene no confundir marcos legales con resultados automáticos. Los océanos no se conservan por consenso, sino por decisiones sostenidas en el tiempo, por conflictos gestionados con rigor y por una vigilancia constante de los intereses que quedan fuera del foco público.
El tratado abre una puerta. Cruzarla exigirá algo más que voluntad declarativa: exigirá asumir costes, priorizar a largo plazo y aceptar que la protección del océano no es solo una causa ambiental, sino una «decisión política estructural».
Ahí empieza, de verdad, la historia.
Fuentes de referencia y contexto
Naciones Unidas – Acuerdo BBNJ (alta mar):
[https://www.un.org/bbnjagreement]
Comisión Europea – Política marítima y biodiversidad:
[https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity_en]
Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (CBD):
https://www.cbd.int/gbf
OCDE – Gobernanza de los océanos:
[https://www.oecd.org/ocean/]
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