El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha trabajado en el desarrollo del «Marco de Cuidados de Larga Duración centrado en la persona», así como en el impulso de un nuevo modelo de residencias y comunidades más inclusivas.
«Gesmed» brindan atención especializada en el ámbito gerontológico, su política ya está alineada con los principios que este tratado busca.
Por Ehab Soltan
HoyLunes – El 3 de abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso trascendental: aprobó por consenso la creación de un grupo de trabajo encargado de redactar un «instrumento internacional jurídicamente vinculante» que proteja los derechos humanos de las personas mayores. Este momento histórico marca el inicio de una era donde el envejecimiento ya no será visto como una carga, sino como un derecho a vivir con plenitud, seguridad y dignidad.
España, junto con otros 67 países, copatrocinó esta resolución, alineando su política de Estado con una creciente demanda ética y social: garantizar igualdad de derechos en todas las etapas de la vida.
Actualmente, las personas mayores representan más de 1.000 millones de habitantes a nivel mundial. En 2050, serán más de 1.600 millones, un fenómeno demográfico sin precedentes. Sin embargo, «no existe hasta la fecha un tratado internacional específico que garantice sus derechos» como sucede con la infancia, las mujeres o las personas con discapacidad.
Las razones para esta omisión son estructurales: el «edadismo»—la discriminación por edad—ha sido históricamente invisibilizado. La pandemia del COVID‑19 lo hizo evidente: muchas personas mayores fueron marginadas del acceso a cuidados, tratamiento médico o simplemente abandonadas. En numerosos países, su derecho a la vida se volvió negociable. Esta vulneración encendió la alarma internacional.
¿Qué propone el nuevo tratado?
El Consejo de Derechos Humanos ha establecido que el nuevo tratado debe tener fuerza jurídica y abordar de forma integral los múltiples desafíos que enfrentan las personas mayores. Entre los principios que probablemente incluirá, destacan:
Prohibición expresa de la discriminación por edad.
Derecho a cuidados dignos y atención médica integral.
Acceso a la justicia, a la reparación y a servicios públicos accesibles.
Protección contra la violencia física, económica o institucional.
Participación activa en la sociedad y en la toma de decisiones.
Autonomía personal y reconocimiento de capacidad legal.
Vivienda adecuada, transporte accesible y entornos amigables.
Formación continua, inclusión digital y oportunidades laborales.
Además, se prevé la creación de un «mecanismo de seguimiento», similar al de otros tratados de la ONU, que permita la revisión periódica de los compromisos asumidos por los Estados Parte.
La posición de España y su ecosistema sociosanitario
España ha asumido un rol activo en este proceso, no solo como copatrocinador de la resolución, sino también como referente en políticas públicas relacionadas con la longevidad, los cuidados de larga duración y la sostenibilidad del sistema sociosanitario.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha trabajado en el desarrollo del «Marco de Cuidados de Larga Duración centrado en la persona», así como en el impulso de un nuevo modelo de residencias y comunidades más inclusivas. Organizaciones como «Gesmed«, que brindan atención especializada en el ámbito gerontológico, ya está alineada en sus políticas con los principios que este tratado anticipa: derechos humanos, dignidad, participación, interdependencia y autonomía.
Una oportunidad para transformar la vejez
Este tratado es una «herramienta de transformación social». Representa una oportunidad para convertir el envejecimiento en un proceso activo, digno y enriquecedor para todos, desde el ámbito público hasta el privado, desde las instituciones hasta las comunidades.
En «Hoylunes», creemos que la comunicación puede ser un motor de cambio. Por ello, celebramos este avance como un momento clave para redefinir la narrativa sobre la vejez: «una etapa de derechos, no de silencios». Acompañamos a las instituciones que ya están haciendo este trabajo y ofrecemos un espacio abierto a la reflexión, el análisis y la innovación.
A medida que avance el trabajo del nuevo grupo de redacción, la sociedad civil, los expertos, las organizaciones del tercer sector y las administraciones públicas deberán involucrarse activamente. Este no es un tratado para el futuro: es una necesidad del presente.
Desde España, y en particular desde aquellas instituciones comprometidas con el envejecimiento activo y la justicia intergeneracional, como Gesmed, se abre la oportunidad de liderar el cambio: proponiendo modelos innovadores, aportando experiencia técnica y participando en los debates que definirán la vejez del siglo XXI.
El nuevo tratado de la ONU es más que una promesa: es el inicio de un nuevo contrato social, uno que reconoce a las personas mayores como ciudadanos plenos. A quienes construyeron el mundo que hoy habitamos, debemos garantizarles una vejez libre, autónoma y respetada.
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