Cuando la prevención se convierte en desconexión: los cierres escolares ante el cambio climático revelan la urgencia de un sistema educativo más flexible, digital y humano.
Por M.ª Pilar Rueda Requena
Hoylunes – En el último año, hemos observado con creciente preocupación la tendencia a cerrar colegios y otros centros públicos ante previsiones meteorológicas adversas, como inundaciones y fuertes lluvias atribuidas al cambio climático. Estas decisiones, muchas veces tomadas bajo la presión de alertas extremas, generan una crisis en estudiantes, familias, trabajadores y en el tejido social en general. La magnitud de los efectos colaterales que estos cierres ocasionan nos invita a reflexionar sobre la necesidad de incorporar en los planes de prevención otras medidas que puedan mitigar estos impactos.
En este contexto, es fundamental que las estrategias de prevención de emergencia no se limiten únicamente a las medidas de evacuación o seguridad física, sino que también contemplen soluciones sustitutorias a las clases presenciales. Por ejemplo, en situaciones de alerta roja, donde el riesgo es extremo, se justifica la suspensión total del trabajo y la asistencia escolar, en alerta naranja en ocasiones también se puede decidir por precaución el cierre de centros. En ambas situaciones, para minimizar riesgos psicosociales se podría optar por clases en línea, permitiendo al alumnado continuar sus actividades académicas desde casa.
La ley de educación actual (LOMLOE) en el tema de emergencias por situaciones de riesgo, especifica la necesidad de establecer planes de prevención y actuación específicos. En otro punto a destacar de la Ley se refiere a la promoción de la innovación tecnológica y el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Sin embargo, en la práctica parece que los centros educativos, en este punto no progresan adecuadamente, ya que no todos saben adaptarse a las exigencias de la climatología por efectos adversos y situaciones de riesgo, asumiendo en ese caso la inexistencia de alternativas educacionales a la presencialidad, dejando al alumnado en una situación de vacío incomprensible y carente de lógica y coherencia educativa.
Entre los principales afectados por estos cierres está el alumnado. Si en un primer momento lo pueden valorar como un día de disfrute en casa, a largo plazo esto puede generar una pérdida del sentido de responsabilidad, pues no se compensa adecuadamente el trabajo y las actividades que quedan pendientes. Esto debería ser como el motor de impulso hacia una transformación educativa que vaya más allá del modelo presencial tradicional. La integración de recursos tecnológicos y plataformas digitales en las clases puede favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje adaptable a diferentes circunstancias, además de promover el desarrollo de habilidades tecnológicas, responsabilidad y madurez en los alumnos.
Para ello, sería recomendable que las instituciones habiliten sistemas de enseñanza virtual en streaming, grabaciones o plataformas educativas, y que los padres puedan decidir, según su disponibilidad, si optan por la modalidad presencial o en línea, en casos de alarmas. La educación en línea permite mantener la continuidad pedagógica sin necesidad de alterar excesivamente el calendario escolar.
Por otro lado, las familias también se ven profundamente afectadas. Muchas madres, padres y cuidadores experimentan dificultades para conciliar sus actividades laborales con la atención de sus hijos durante estos cierres. La falta de centros seguros en las zonas de riesgo obliga a muchas familias a gestionar permisos laborales, en algunos casos sin remuneración, para cuidar a sus hijos en casa. Esto puede generar estrés, pérdida de retribución salarial y dificultades en su vida cotidiana.
La implementación de soluciones digitales y la planificación de alternativas educativas en línea constituyen una estrategia fundamental para mitigar los efectos colaterales de los cierres provocados por alertas meteorológicas. El modelo de la economía del bien común promueve la adopción de valores como la cooperación y la solidaridad en estas situaciones, fomentando el apoyo mutuo y el diseño de redes de voluntariado para atender y cuidar a aquellos niños cuyas familias puedan tener dificultades debido a problemas de salud, trabajo u otras circunstancias. Esto incluye ofrecer respaldo al profesorado que, por cercanía o por otros motivos, esté en condiciones de brindar ese servicio.
Es esencial, tal como establece la ley, que los centros educativos públicos, en colaboración con las familias y las comunidades, desarrollen protocolos que permitan garantizar la continuidad educativa sin comprometer la estabilidad laboral y familiar. De este modo, se promoverá una respuesta más integral y resiliente frente a los desafíos que impone el cambio climático.
Las dificultades en la conciliación laboral y educativa derivadas de la falta de recursos para el cuidado infantil pueden generar niveles significativos de estrés en las familias, lo que a su vez afecta negativamente la productividad de los empleadores.
Para el personal docente, estos desafíos se traducen en retrasos en los programas educativos y la necesidad de reorganizar horarios y metodologías de enseñanza. Para afrontar esta realidad, es fundamental capacitar tanto a docentes como a estudiantes en el uso de herramientas digitales, garantizando así un acceso efectivo y una participación en actividades remotas. Además, en casos de interrupciones prolongadas, se deben distribuir materiales educativos en formatos accesibles —ya sea en papel o en archivos descargables— para que los estudiantes puedan mantenerse al día.
Otra estrategia clave consiste en establecer planes de educación a distancia complementarios, diseñados específicamente para diferentes niveles educativos, de modo que el contenido curricular pueda adaptarse a modalidades remotas sin perder calidad.
Frente a todas estas dificultades, surge la pregunta sobre la recuperación de los días perdidos. ¿Es posible pensar en reorganizar el calendario escolar? Una opción sería destinar una semana adicional al final del año escolar, para recuperar o extender el calendario en días o semanas posteriores.
La implementación de estas estrategias requiere de planificación, dialogo y adaptaciones a la gestión escolar y deberían formar parte de los planes de prevención y seguridad y acabar de esta forma con las improvisaciones de último minuto.
En un contexto donde los días perdidos afectan la formación integral, estos valores pueden promover un espíritu de colaboración y responsabilidad compartida, incentivando a todos a buscar soluciones creativas y sostenibles, como la reorganización del calendario o la utilización de recursos tecnológicos.
Es fundamental cada vez más la necesidad y la urgencia de adaptarnos a las circunstancias impredecibles que nos imponen los desafíos externos, relacionados con el cambio climático, los cuales requieren soluciones innovadoras, creativas y sostenibles. Esto implica salir de la zona de confort de los protocolos educativos tradicionales para garantizar que se cumplan los principios valorados en la ley, promoviendo una educación inclusiva, participativa, de consenso y orientada hacia la formación en valores. La sociedad en general saldrá beneficiada con estos cambios que nos conducirán a progresar adecuadamente hacia el bien común.
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