El Gobierno impulsa la protección de las personas que informen sobre corrupción

El Ejecutivo también ha presentado el primer plan para dar una respuesta más eficaz a las desapariciones de personas y ha mejorado los derechos de los miembros de la Guardia Civil.

Madrid – El Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, como resultado de la transposición de una directiva comunitaria sobre la materia.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado que los informantes son las personas que comunican, dentro de una organización pública o privada o a través de canales externos, infracciones en el ordenamiento jurídico interno o de la Unión Europea.

Llop ha concretado que el objetivo de la transposición de esta directiva es proteger a esas personas que informan de asuntos relacionados con la corrupción, con fraudes o violaciones de leyes en los países de la Unión Europea o de infracciones del derecho interno.

Con esta norma, cualquier ciudadano, trabajador o funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia, incluido su entorno si fuera necesario.

La titular de Justicia ha añadido que la futura ley establece dos sistemas de información que garantizan la confidencialidad del informante. El canal interno, en el que se permiten las denuncias anónimas, y el canal externo, mediante la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que determinará si el hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al informante.

Con esta nueva regulación, a juicio de la ministra, «se incrementará la cultura anticorrupción, la cultura de la transparencia y la cultura de la calidad democrática» en los ámbitos de la administración y empresarial, y se evitará que las represalias contra las personas que denuncian queden impunes. Además, considera que se creará «un clima de confianza entre el informante y la administración».

En su intervención, la ministra también ha resaltado que en el ámbito sectorial, organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España ya disponen de canales similares de protección al informante.

Por otra parte, Pilar Llop ha recordado que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción es una de las mayores preocupaciones de los españoles y, sin embargo, el número de condenas es muy bajo. Además, ha apuntado que el coste de la corrupción global en el mundo es de 2,3 trillones de dólares, lo que supone un 5% del Producto Interior Bruto total.

Respuesta más eficaz a las desapariciones

Con motivo de la conmemoración, el próximo 9 de marzo, del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, el Gobierno ha presentado el primer Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas, para el periodo 2022-2024.

El documento persigue incrementar las capacidades de prevención e investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y mejorar su dotación y sus protocolos de actuación para que respondan de forma más eficaz a las desapariciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que «el objetivo es contar con los efectivos más sensibilizados, formados y preparados y dotarles de instrumentos adecuados para la prevención y la resolución de los casos» de desaparición de personas.

El plan cuenta con una dotación de 2,25 millones de euros y marca cuatro líneas de acción prioritarias: prevención y sensibilización, formación, medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos y atención a familiares y allegados al tercer sector social.

Además, Grande-Marlaska ha resaltado que el texto presta atención especial a dos colectivos vulnerables: el de los menores tutelados, para determinar las causas de las ausencias y conocer los motivos de las reincidencias, y el de las personas mayores u otros colectivos con algún deterioro cognitivo.

El documento recoge las aportaciones del Centro Nacional de Desaparecidos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las asociaciones representativas de las personas desaparecidas. Asimismo, contempla el desarrollo de una herramienta predictiva que ayude a los investigadores a tomar decisiones y promoverá el acceso al mayor número de ficheros y bases de datos sobre desaparecidos, cadáveres y restos humanos sin identificar.

El ministro ha indicado que durante el año 2021 se presentaron 22.285 denuncias por desaparición, una cifra «sensiblemente inferior a años precedentes», de las que el 94% se resolvieron.

Más control sobre las sustancias precursoras de explosivos

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley sobre Precursores de Explosivos, una norma que regula la comercialización y el uso de sustancias químicas legales, pero que pueden utilizarse para la fabricación casera de artefactos explosivos con lo que perpetrar atentados terroristas.

El ministro del Interior ha informado de que el objetivo de la nueva norma es reforzar las limitaciones de acceso de los particulares a estas sustancias químicas. Para ello los compradores de estos productos deberán cumplimentar y entregar al vendedor una declaración de cliente con sus datos particulares y comerciales, y será obligatorio comunicar la operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen organizado (CITCO).

Mejora de los derechos de la Guardia Civil: código de conducta y asociaciones
El Ejecutivo ha aprobado el real decreto que recoge el Código de Conducta de la Guardia Civil, concebido como una guía que define los valores, los principios y las normas de comportamiento de los miembros del cuerpo.

Fernando Grande-Marlaska ha remarcado que el objetivo de este código es «fortalecer aún más la confianza de la ciudadanía en el cuerpo a través del marco de actuación de sus profesionales».

Por otra parte, el ministro ha destacado la aprobación de otro real decreto que desarrolla los derechos de las asociaciones profesionales de guardias civiles, de sus representantes y de los integrantes del Consejo de la Guardia Civil elegidos en representación de los miembros del cuerpo.

La norma reconoce a estas asociaciones profesionales el derecho a presentar propuestas y dirigir peticiones ante las autoridades competentes, a promover candidaturas para la elección de miembros en el Consejo de la Guardia Civil, y a convocar y celebrar reuniones en centros oficiales del cuerpo.

Una vez celebradas las elecciones al Consejo, las asociaciones profesionales que obtengan representación tendrán derecho a ser consultadas sobre los proyectos normativos, a participar en comisiones y grupos de trabajo sobre aspectos profesionales, de acceso a la información que precisen para poder desarrollar sus funciones y a presentar propuestas, peticiones y quejas relacionadas con los fines de las asociaciones.

Reconocimiento a víctimas del terrorismo
El Consejo de Ministros ha reconocido con la Gran Cruz de las Víctimas del Terrorismo a cinco españoles asesinados en atentados terroristas cometidos en el extranjero: los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, fallecidos en Burkina Faso el 26 de abril de 2021; Alberto Chaves y María González, víctimas de un atentado en Sri Lanka el 21 de abril de 2019, y el sacerdote Antonio César Fernández, fallecido en Burkina Faso el 15 de febrero de 2019.

El ministro del Interior ha subrayado que España es uno de los pocos países que dan una protección idéntica a las víctimas de atentados tanto si estos se han producido en suelo español como fuera.

Existencias mínimas de productos petrolíferos

El Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se liberan existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha precisado que se trata de una acción coordinada y voluntaria para dar seguridad y calma a los mercados ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. «España va a contribuir en esta estrategia internacional con dos millones de barriles de petróleo, lo que supone 2,6 días de nuestras reservas», ha dicho.

La liberación de existencias mínimas se establece por un período de un mes y es una medida que se aplicará con carácter urgente y extraordinario tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La medida, ha argumentado la portavoz, está contemplada en el Plan Nacional para responder al impacto económico y social de la guerra que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados.

Asuntos de actualidad
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez se ha referido a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que ha analizado la invasión de Rusia en Ucrania: «España continúa atendiendo las necesidades del pueblo ucraniano con total y constante coordinación y unidad con el resto de países de la Unión, entendiendo que este ataque de Rusia a Ucrania lo es también a los valores y principios de la Unión Europea».

Rodríguez ha añadido que España seguirá defendiendo la unidad en la respuesta y cimentando las acciones que se tomen en el ámbito comunitario y en la Alianza Atlántica.

Estructura de acogida a los refugiados

La portavoz ha recordado que Europa ya ha activado la directiva de protección temporal para que los refugiados puedan trabajar en suelo europeo sin necesidad de aplicar procedimientos habituales y tengan acceso a la educación, a la sanidad y a los derechos sociales.

Isabel Rodríguez también ha anunciado que una comisión interministerial está preparando el operativo que permita la coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las organizaciones no gubernamentales en la asistencia a aquellas personas que vengan a nuestro país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, se reunirá en La Moncloa con el presidente del Gobierno para valorar la situación y la evolución del conflicto, así como el impacto de la guerra en la economía europea, en la española y en los mercados del precio de la energía.

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