Gabriela Bravo destaca que el modelo de Justicia de proximidad permite atender a casi 600.000 personas de 37 poblaciones alicantinas

La consellera defiende que «el Botànic trabaja para que toda la ciudadanía reciba la misma calidad de los servicios públicos, viva donde viva».

valencia- La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha destacado que el modelo de Justicia de proximidad que está desplegando la Generalitat permite atender a casi 600.000 personas de 37 poblaciones alicantinas gracias a la extensión de los programas Justiprop y Mediaprop que se integran en el Modelo cuyas líneas maestras ha detallado este viernes en Alicante ante representantes municipales.

La consellera ha explicado que el programa Justiprop convierte los juzgados de paz de Albatera, Alfàs del Pi, Almoradí, Aspe, Banyeres de Mariola, Callosa de Segura, Cox, Dolores, Guardamar del Segura, Monforte del Cid, Redován, San Fulgencio y Santa Pola en modernas oficinas judiciales, conectadas a la red procesal y con Servicio de Orientación Jurídica

A esto hay que unir las oficinas Mediaprop que se han instalado gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Altea, Benisa, Calp, Callosa d’en Sarrià, Campello, Castalla, Cocentaina, Crevillent, Monòver, Muro de Alcoy, Mutxamel, La Nucia, Onil, Pedreguer, Pego, Petrer, el Pinòs, Rojales, Sant Joan, Teulada, Pilar de la Horadada, Jávea y Xixona. En conjunto, entre ambos proyectos se atiende a una población de 586.930 personas.

La consellera ha explicado que el modelo de Justicia de proximidad «lo empezamos a construir antes de que el Ministerio de Justicia lo presentara en el marco de la Agenda 2030 porque el Consell del Botànic, considera que el territorio no puede ser un elemento ni un factor discriminatorio para que los servicios públicos puedan llegar a cada rincón de la Comunitat Valenciana ya que la ciudadanía tiene derecho a recibir las mismas prestaciones, a recibir la misma calidad de los servicios públicos, viva donde viva».

Para Gabriela Bravo, «la justicia tiene que ser un elemento clave para poder romper esas brechas tanto territoriales como digitales» y que sea «un factor tanto de cohesión social como de cohesión territorial».

La consellera ha detallado que para culminar este proyecto se cuenta con más de cuatro millones de euros en los presupuestos de 2022 «que distribuiremos en 1,3 millones para modernización tecnológica de los juzgados de paz, otros 1,3 millones para extender los Servicios de Orientación Jurídica. El resto de la inversión se destinará a los centros locales de promoción y difusión de la Mediación «por la que la Conselleria está apostando de manera decisiva» ya que este método alternativo de resolución de controversias es más rápido y barato que los procedimientos judiciales

Para Bravo, la Administración de Justicia «no puede ser ajena a un reto al que nos enfrentamos todas las administraciones», en referencia a la recuperación económica tras la pandemia por lo que debe convertirse «en un factor determinante para poder avanzar en igualdad, en justicia y en una y en una distribución más equitativa de la riqueza».

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